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Examinando C. Campus Valledupar por Autor "Acosta González, Sandra-Milena"
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- PublicaciónAcceso abiertoActuaciones en la titularidad de la fiscalía a ejercer la acción penal a partir de la ley 1826 del 2017 en los estratos i y ii en Colombia.(Universidad de Santander, 2017-11-28) Rivera Romero, José-Agustín; Ulloa Orta, Juan-Miguel; Garcia Villa, Edwin-Javier; Montero Marulanda, Diego-Luis; Acosta González, Sandra-MilenaEl procedimiento penal especial abreviado se promulgo en Colombia a través de la ley 1826 de 2017, a través del cual el legislador le otorgo a la víctima de un delito la posibilidad de convertir la acción penal de publica a privada, es decir se convertiría en el acusador privado del proceso, revistiéndose de las facultades de la fiscalía general de la nación tanto de investigar como de acusar a los actores y participes de una conducta punible. Asimismo, la conversión de la acción penal supone unos límites para quien se constituye en acusador privado, luego entonces la desmonopolización de la acción penal no es absoluta debido a que, la fiscalía puede revertir la conversión cuando lo considere conveniente.
- PublicaciónRestringidoAnalisis de la culpabilidad en la sanción administrativa por la prueba de embriaguez, hacia una correcta aplicación de justicia en Colombia(Universidad de Santander, 2017-06) Pelaez Guerra, Ruben-Dario; Lopez Baquero, Javier-Manuel; Pedroza Roman, Jimmy-Daniel; Acosta González, Sandra-MilenaEn Colombia con el fin de tomar medidas más severas hacia los conductores ebrios se promulgó la ley 1696 de 2013, mediante la cual se regulan las sanciones según el grado de alcohol en que se encuentren, estimando el uso del alcohosensor. Asimismo recientes críticas han coincidido en que dicho instrumento no es preciso, por lo que sustancias diversas al alcohol pueden variar sus resultados aduciendo además que no es confiable. El procedimiento en la prueba de embriaguez no garantiza un proceso justo por cuanto se impone la pena o sanción según sea el caso, una vez practicada la misma y esta arroje un grado sancionable. Es decir no hay posibilidad de ejercer el derecho de contradicción por la inmediatez de la sanción; solo se declara culpable al conductor.
- PublicaciónRestringidoCongestión Judicial en el Circuito de Villanueva, por Fracaso de Audiencias en el Sistema Penal Acusatorio(Universidad de Santander, 2018-04-10) MERIÑO-SANCHEZ, ANA CRISTINA; BENJUMEA-FRAGOZO, ENRIQUE; GOMEZ-PAREDEZ, YURY; Acosta González, Sandra-MilenaEl juzgado promiscuo del circuito de Villanueva La Guajira conoce de procesos penales a través del sistema penal acusatorio ley 906 de 2004, en los cuales se desarrollan las diferentes audiencias que ordena la ley en cita, esta son formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, las cuales en su mayoría tienden al fracaso por consecuencia de la inasistencia de los defensores públicos y procesados con medida de aseguramiento o en los casos en que su asistencia sea obligatoria. Lo anterior se debe a la falta de recursos logísticos del INPEC, y a la desproporción de la cantidad de casos asignados frente a los pocos defensores contratados para atender al distrito. .
- PublicaciónRestringidoCorresponsabilidad de actores y acciones conducentes a garantizar la aplicabilidad de las sanciones a menores infractores de la ley 1098 de 2006 Valledupar, departamento del Cesar – Colombia.(Universidad de Santander, 2017-03) Martínez, William-Ardila; Arguelles Cataño, Yodelis; Acosta González, Sandra-MilenaColombia es el único país de América Latina en consagrar la primacía de los derechos de los niños, niñas en su constitución, estableciendo en cabeza de ellos, la calidad de sujetos de derechos y obligaciones, pero fueron a través de una serie de acontecimientos que veremos a continuación. En Colombia surgió la idea de una jurisdicción especializada en 1.920 como el resultado de las situaciones irregulares que surgieron en el mundo para esa época, es así como en Colombia se adopta la figura de tribunales de menores, creando la institución de justicia de menores, consiente de la necesidad de separar la justicia de mayores con la justicia de menores, diferenciándolos al menos en el procesos y trato judicial, esta figura de menores surgió a la luz con la ley 28 de 1920, consistente en que para juzgar debía separarse a los niños de los adultos, definiendo a los menores como inimputables, sujetos de protección – razón por la cual no podían ser sancionados sino institucionalizados con fines educativos. Posteriormente la ley 83 de 1946, llamada ley orgánica de la defensa de los niños, establece por primera vez las medidas de protección aplicables aquellos niños, niñas y adolescentes que se estableciera que estaban en situación irregular, creando la figura de curador de menores. Fue en vigencia de la ley 1818 de 1964, que se estructuro la protección estableciendo una categorización en el tratamiento de los menores cuya competencia de juzgamiento quedo asignada a los defensores de familia, y los menores comprendidos en el rango de edad de 12 a 18 años, se le asignó la responsabilidad de juzgamiento a los jueces de menores. x Nace a la vida jurídica la Institución más importante del país, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la ley 75 de 1968, dejando a su cargo la coordinación de los niños, niñas y adolescentes, separando las funciones administrativas, para asuntos de tramites de tutelas de los niños, niñas y adolescente, cuya situación irregular no encaja en una conducta penal, y lo referente a lo judicial; a los jueces de menores. Es hasta 1989, que mediante la convención Internacional de los derechos del niño (CIDN), se impone la concepción que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y obligaciones, reconociéndolos como personas capaces de responder por sus actos, es decir; los consideran imputable. A raíz de esa imposición Colombia expide el Decreto 2737 de 1989, referente al código del menor, olvidándose de contemplar el nuevo sistema de protección integral, sino que se refirió a la separación de las situaciones jurídicas y las administrativas. La constitución política de Colombia de 1991, le dio la importancia debida a los niños, niñas y adolescentes al establecer la prioridad de sus derechos sobre lo de los adultos, reconociéndole una serie de derechos especiales para ellos. Quince años después surge la ley 1098 de 2006, conocida como LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, que le reconoce a los niños todos los derechos consagrados en los tratados internacionales, decretos, leyes y constitución aplicables a cualquier. Así las cosas se tienen que ¿Cuál es la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? Palabras clave: Concurrencia – Corresponsabilidad – actores - Infractores - niñas, niños, adolescentes. xi William Ardila, Yodelis Arguelles. CORRESPONSABILIDAD DE ACTORES Y ACCIONES CONDUCENTES A GARANTIZAR LA APLICABILIDAD DE LAS SANCIONES A MENORES INFRACTORES DE LA LEY 1098 DE 2006 VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR – COLOMBIA. Universidad de Santander Sede Valledupar. Programa de Derecho. Valledupar, Marzo 2017.
- PublicaciónRestringidoDesconocimiento del principio de integralidad en la prestación del servicio de salud en Colombia(Universidad de Santander, 2018-05-22) Carrillo Aguarán, Jewar; Jiménez, Luz-Marina; Daza, María-del Carmen; Fontalvo Cubides, Francisca; Acosta González, Sandra-MilenaColombia es un país de contraste, puesto que hay un país en un extremo desarrollado y en otro una Colombia marginal, este estudio pretende resaltar el desconocimiento del principio de integralidad a la hora de prestar el servicio de salud de su población y su relación con la eficiencia y oportuna calidad de la misma, Colombia posee 1.098 municipios, con proyección a aparecer cada año nuevos municipios por lo tanto el proceso de selección de los beneficiarios no garantiza, por si solo la equidad territorial de la distribución de los subsidio, por lo que o existía un criterio territorial cuando apareció el régimen subsidiado financiado principalmente con recursos del FOSYGA, asignado por el CNSSS. Según la ley 1751 de 2015, estableció que la salud es un derecho fundamental que se define como “La facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”. Se ha indicado que tal derecho se debe garantizar en condiciones de legalidad dado que su materialización resulta indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamental. El Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud, reduciendo la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Fuente: Articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Social Y culturales PIDESC
- PublicaciónRestringidoFeminicidio como delito autónomo en la sanción de la violencia contra la mujer por motivo de género y discriminación en Colombia(Universidad de Santander, 2018-11-13) Carrillo Daza, Jorge-Luis; Campuzano Figueroa, Adrián-José; Isaza Rico, Yoider-Daniel; Acosta González, Sandra-MilenaLa presente investigación tuvo como objeto el análisis del feminicidio como delito autónomo en Colombia, asimismo, el estudio de la garantías que se les brinda a las mujeres víctimas tanto de violencia de género como de discriminación. De igual manera, con este trabajo investigativo también se pretende indagar sobre los casos de feminicidio que ocurren en Colombia, ya sea por la falta de prevención, la escasa voluntad política o la poca atención. Para el desarrollo de lo anterior, será implementada la metodología cualitativa, por cuanto estará ligada a la comprensión, fundamentada en la realidad, y orientada hacia el descubrimiento descriptivo e inductivo. Las relaciones desiguales entre mujeres y hombres en las sociedad actual, ha favorecido el desarrollo del ejercicio del poder por parte de la comunidad masculina, afectando la integridad personal, la dignidad, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, y en ocasiones la vida de las mujeres, haciéndolo ver como algo natural dentro del ciclo vital, asimismo convirtiéndolas en víctimas de violencia ya sea física, emocional o psicológica. Seguidamente, a lo largo de la historia, diversos han sido los casos de violencia contra la mujer en donde se han registrado hechos que en la actualidad por medio de las leyes se ha tipificado como feminicidio; y del cual se ha tomado conciencia por medio de acciones legales con el pasar de los años. Es por ello que han surgido tanto convenciones como protocolos que se han complementado con el desarrollo de instrumentos de política a nivel internacional que proporcionan orientación detallada sobre las medidas que los Estados así como otras partes interesadas deben adoptar para reforzar el marco jurídico con el fin de abordar todas las formas de violencia contra la mujer.
- PublicaciónAcceso abiertoFinalidad protectora, educativa y restaurativa del centro de formación juvenil en Valledupar – Colombia(Universidad de Santander, 2018-10-29) Theran Acuña, Maria-Teresa; Pérez Domínguez, Katherine; Acosta González, Sandra-MilenaLa Ley 1098 de 2006, conocida como la ley de infancia y adolescencia reconoce a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos consagrados en los tratados internacionales, decretos, leyes, además de la constitución nacional. Por otro lado también posee las sanciones para los jóvenes que cometen conductas delictivas donde su principal razón de ser es el carácter pedagógico en las mismas. La finalidad de las sanciones de acuerdo con el artículo 178 consiste en la protección, educación y restauración de los adolescentes que cometen una conducta punible, logrando así, una resocialización que evite caer en las reincidencias. Las sanciones en materia penal para adolescentes se manejan dependiendo del tipo de delito que haya cometido, además de la edad que posea el mismo, esto en atención a lo descrito por el legislador. De acuerdo con el documento Conpes 3629 de 2009, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), desarrolla dos procesos; un proceso judicial y otro de restablecimiento de derechos, lo cual implica que además de ser un sistema en el que se establezca la responsabilidad penal de los adolescentes en conductas delictivas, también se debe garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo en Colombia las entidades que hacen parte de estos procesos son: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional de Colombia, la Rama Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, alcaldías y gobernaciones, Fiscalía General de la Nación, Inspecciones de Policía, Defensorías de Familia del ICBF.
- PublicaciónRestringidoHerramientas y seguridad que ofrecen las universidades Valledupar, a los estudiantes de consultorio jurídico para ejercer el rol de abogado de confianza(Universidad de Santander, 2017-11-28) Jiménez Aroca, Carlos; Ramos Escobar, Lizett; Sierra Peñaloza, Fabio; Acosta González, Sandra-MilenaLa ley 1826 de 2017 en Colombia le otorgo potestades especiales a la víctima de una conducta punible para convertir la acción penal de publica a privada, revistiéndola con las facultades de la fiscalía general de la nación, asimismo el legislador manifestó que los estudiantes de consultorios jurídicos podían ejercer el rol de abogado de confianza del acusador privado. La conversión de la acción penal supone unas facultades especiales dentro de los delitos permitidos sin embargo, también posee unos límites los cuales se establecieron en el procedimiento penal especial abreviado, de acuerdo a los derechos y deberes del acusador privado, además de que el estudiante de consultorio jurídico está sujeto solo a asuntos de su competencia. Por otro lado para la conversión de la acción se deberá solicitar ante el fiscal encargado quien decidirá sobre la conveniencia de convertir o no la acción.
- PublicaciónRestringidoInfracción al régimen ambiental por la actividad comercial de fabricación de bloques artesanales en Valledupar (cesar)(Valledupar : Universidad de Santander, 2019, 2019-05-07) Manotas Peñates, Jailton; Pallares Vuelvas, Dalila-Esther; Acosta González, Sandra-Milena; Universidad de SantanderThe present research project aims to determine if the commercial activity of manufacturing artisan blocks constitutes a violation of legal provisions in environmental matters; the focus of this research is of a correlational type, since it aims to demonstrate that the theory adopted in environmental legislation is that of strict liability where guilt is presumed and the demonstration of responsibility is based on the damage or the production of a risk that causes a global damage, the damage to the environment is considered as the affectation of the normal functioning of the ecosystems or the renewal of its resources and components. (Juan Carlos Henao). Any element that is combined that alters the ecosystem physically or chemically is considered environmental damage. However, in environmental matters, it is presumed the fault or fraud of the offender, which will lead to preventive measures, such as written warning, preventive seizure of products, elements, means or implements used to commit the offense, preventive apprehension of specimens , products and byproducts of wild fauna and flora, suspension of work or activity when harm or danger to the environment, natural resources, landscape or human health can be derived or when the project, work or activity has been initiated without permission, environmental concession, authorization or license or executed in breach of the terms thereof. The offender will be sanctioned definitively if he does not detract from the presumption of fault or fraud for which he will have the burden of proof and will be able to use all the legal means of proof.
- PublicaciónRestringidoObligación del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, al cumplimiento de los artículos 64 y 65 de la constitución política de 1991 referente a la comercialización del arroz Paddy en los departamentos del Cesar y la Guajira(Universidad de Santander, 2018-10-29) Tovar, Carlos-Andrés; Acosta González, Sandra-MilenaLos arroceros tuvieron su mejor momento en el año 2010, con un inventario de 632 mil toneladas de arroz Paddy seco, empero un fallo en contra del país por parte del Tribunal Andino de justicia condeno a Colombia a quitar restricciones a la importación del arroz proveniente de los países del Pacto Andino, lo que causo un perjuicio al entrar arroces a menor precio. Países como Ecuador y Perú, se beneficiaron puesto que exportaron sus excedentes de producción, por lo que fue necesario que el gobierno de Uribe prohibiera la importación de arroces, para que no se afectara el bienestar social del sector agrícola en Colombia. Es necesario revisar el acuerdo internacional que se firmó hace más de 34 años y que no responde a las necesidades del país. Es difícil para el sector agrícola competir con los países del Pacto Andino, a razón del costo de las tierras y los fertilizantes. La Constitución Política de Colombia en su ARTÍCULO 64. “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos” “ARTICULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras”. 12 La Resolución 000078 del 04 de Abril de 2017, establece un programa de incentivo al almacenamiento de arroz en el primer semestre de 2017.
- PublicaciónRestringidoRecurso de Habeas Corpus para Exigir la Libertad Condicional Prevista en la ley 1820 de 2016 en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva-Guajira(Universidad de Santander, 2018-04-02) Urbina-Armenta, Jorge Evangelista; Acosta González, Sandra-MilenaEl proceso penal colombiano dentro de sus principios, cuenta con la efectividad y la celeridad, los cuales se encuentran establecidos desde un rango constitucional y normativo específico, sobre los cuales deben realizarse todas las acciones legales en materia penal. Dentro de los procedimientos que se presentan en el marco de la legislación aprobada en la ley 1820 de 2016, con decretos asociados, abre la posibilidad de emplear el recurso de habeas corpus como medio para exigir la libertad condicional, en el contexto del tratado de paz firmado entre grupos insurrectos y el gobierno, por lo que se abre el debate y nuevas interpretaciones en los procedimientos penales desarrollados a partir de esta normativa. No obstante, al ser normas de reciente data, aun se presenta desconocimiento e inquietudes en personas relacionadas con el escenario del derecho, profesionales del área, investigadores y comunidad en general, por lo que se precisa contar con acciones promoción y análisis, para así aportar más datos de interés para la comprensión de las figuras legales antes mencionadas.