Ilegalidad en la Exigencia de los Certificados Judiciales como Requisitos Habilitantes para la Contratación Pública
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Resumen en español
Esta investigación tiene como propósito examinar la legalidad y el impacto de dichas exigencias, partiendo de la normativa vigente y la jurisprudencia nacional. El estudio se fundamenta en el Decreto 218 de 2000, que creó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); el Decreto 3738 de 2003, que autorizó el uso del modelo de certificado judicial; la Resolución 1041 de 2004, que estableció sus características; y la sentencia SU-458 de 2012 de la Honorable Corte Constitucional. Asimismo, se destaca el artículo 93 del Decreto Anti trámites 019 de 2012, que eliminó explícitamente la obligatoriedad del certificado judicial para trámites con entidades públicas o privadas.
Resumen en ingles
This research aims to examine the legality and impact of these requirements, based on current regulations and national jurisprudence. The study is based on Decree 218 of 2000, which created the Administrative Department of Security (DAS); Decree 3738 of 2003, which authorized the use of the judicial certificate model; Resolution 1041 of 2004, which established its characteristics; and judgment SU-458 of 2012 of the Honorable Constitutional Court. Likewise, article 93 of the Anti-procedures Decree 019 of 2012 stands out, which explicitly eliminated the obligation of the judicial certificate for procedures with public or private entities.